Causa "Neonatal"
a frase “dar a cada quien lo que le corresponde” o “dar a cada uno lo suyo” se atribuye a un jurista romano, Ulpiano, y constituye una de las más conocidas definiciones de lo justo, de la justicia. Lo que subyace a la afirmación es la idea que resulta justo retribuir a cada persona a partir de lo que resulta merecedor, noción esta que en el marco de un proceso penal debe completarse con que lo que uno merece y debe ser la consecuencia de las conductas, de los comportamientos que antes ha llevado a cabo.
Fuente: Manuel A. Calderón Meynier para Perfil Córdoba
Dicho esto, la pregunta es si el veredicto dictado por el tribunal integrado por 8 jurados populares -personas del pueblo, no abogados- y 2 jueces técnicos -jueces profesionales, abogados designados respetando los procedimientos constitucionales-, resultó justo según la definición de Ulpiano.
Es decir, si a los absueltos y los condenados se les dio lo suyo, lo que les corresponde a partir de lo que hubieran hecho en toda la trama fáctica que derivó en la muerte de 5 niños y lesiones de otros 8, y frente a ello hay un par de cosas por decir.
En primer lugar, fui consultado por varios medios periodísticos esta semana donde me planteaban que el humor popular (la gente) estaba muy disconforme fundamentalmente con la absolución del exministro Diego Cardozo, y mi respuesta frente a eso fue la siguiente: ¿quién es la gente? ¿A quién se refieren los medios cuando remiten al humor popular? Porque si la gente es el jurado popular, entérense que los 8 jurados populares -sí, todos los jurados populares- decidieron absolver a Cardozo y sólo los 2 jueces técnicos votaron por su condena.
Esto puede deberse posiblemente a la excelente labor de sus defensores, los doctores García y Matheu, pero no subestimemos tampoco la propia labor de esos jueces populares que estuvieron durante los casi 60 días de audiencia escuchando la prueba que se produjo en el debate.
Ahora bien, si la gente es el público en general, el ciudadano que no ha tenido ningún tipo de participación en el trámite del juicio, mi respuesta fue que no debería atenderse tanto a lo que dicen aquellos que no participaron en el juicio, ya que si no han tenido posibilidad de escuchar la prueba y los planteos y defensas de los abogados y fiscales, entonces, sinceramente, tienen pocas razones o argumentos apoyados en el respeto de reglas racionales para sostener esa disconformidad.
Quiero decir algo más sobre la gente: 4 de los 8 representantes del pueblo, es decir de la gente, dijeron que Brenda Agüero es inocente, que no mató ni lesionó a los niños. Un veredicto como el presente, en varios países del mundo que exigen unanimidad para aplicar sanciones de tamaña gravedad -que Agüero pase el resto de su vida presa- hubiera implicado su absolución. Evidentemente, los planteos relativos a la prueba que los doctores Nievas y Rivero formularon tuvieron razón para el 40% del tribunal, ya que la condena de Agüero fue por el voto de 4 jurados populares y los 2 jueces técnicos.
La segunda pregunta que me hicieron fue: ¿por qué Cardozo, que era el jefe máximo de la estructura, está en libertad y Cristina Fernández de Kirchner, también jefa máxima en su condición de presidenta de la Nación en la época de los hechos por los que se la juzgó, está presa? Antes de explayarme, quiero formular una aclaración: no está aquí en juego mi opinión personal sobre uno y otro caso, sino que se trata de hechos objetivos.
La primera respuesta fue la remisión a una obviedad: Cardozo fue absuelto y CFK fue condenada por una sentencia dictada por un Tribunal Oral y luego confirmada tanto por la Cámara de Casación Penal y posteriormente por la Corte Suprema.
Luego, los hechos son diametralmente diferentes. Mientras que la sentencia en aquel caso sostuvo que se había probado un sistema estructural de corrupción que abarcó casi 12 años, y eso no pudo llevarse adelante sin el conocimiento, aprobación y participación de la entonces presidenta, en el caso del Neonatal estamos hablando de un evento único que se produjo en un lapso muy corto y que resultaba impensado que estuviéramos frente a unos homicidios cometidos por una supuesta asesina serial. No resulta equivalente sostener una voluntad dolosa de encubrir por parte de Cardozo en el contexto al que acabo de referirme.
Cadena de responsabilidades
Finalmente, no debe olvidarse que en el caso del Neonatal, la cadena de responsabilidades tienen una explicación geográfica bastante llana: se condenaron a algunos de los que más cerca de los hechos estuvieron, como la directora del nosocomio y otros funcionarios que prestaban servicios allí, aunque también se condenó a otros que estuvieron más lejos de los hechos, como por ejemplo el segundo del Ministerio, a quien según surgió de la prueba durante el juicio, Cardozo había ordenado formular la denuncia penal, y no hizo.
En este marco, la pregunta que surge es: ¿debe ser el ministro, personalmente, quien deba formular una denuncia para no ser considerado encubridor, en el contexto de una organización especialmente burocrática? Si así fuera, y la responsabilidad siempre pudiera ser empujada hacia arriba ¿por qué el entonces gobernador no fue imputado?
En definitiva, encontrarse a la cabeza de un organismo público no determina, necesariamente, la atribución de responsabilidad penal por los hechos de los inferiores en la medida que la actuación del funcionario hubiera sido la propia del rol, que es lo que estimo -aún los fundamentos de la sentencia no están redactados-, se dirá sobre la situación del exministro.
Por último, los jueces técnicos votaron por la condena de Cardozo, lo que habla bien -en la medida que el veredicto hubiera obedecido a la convicción racional de esos magistrados, lo cual personalmente creo que fue así- de la actuación de esos jueces y del Poder Judicial en su conjunto al que frecuentemente la gente dice que son funcionales de los otros poderes del Estado.
“Constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi”: esa debería ser la confianza que debe atravesarnos como ciudadanos respecto del Poder Judicial, que ha de procurar consistentemente el ejercicio de “la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo”, y así creo y espero que ha ocurrido en este caso.
Si como sociedad no creemos firmemente en dicha voluntad, cerremos todo y vayámonos cada uno a casa, porque sin eso, este país no tendría remedio.
Fuente: Manuel A. Calderón Meynier para Perfil Córdoba