Reproducimos una medulosa nota de opinión aparecida el 24/02/2016 en el matutino La Mañana de Córdoba. Está de más decir, que estamos totalmente de acuerdo con el contenido de la misma y pedimos a nuestros lectores que la mediten con calma.
por Miguel Julio Rodríguez Villafañe
El nuevo “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”, propiciado por la ministra Patricia Bullrich, merece distintas reflexiones negativas en su contenido, legalidad y operatividad.
Al respecto y entre otras críticas, cabe significar que se presenta a la protesta social, con el preconcepto de tenerla como un hecho delictivo a combatir, y deja en manos de la policía el graduar determinados pasos, en el avance de la situación que se presente.
No se trata de justificar hechos que atenten contra la convivencia y ejercicio de los derechos de todos, pero ello no puede impedir que la sociedad tenga derecho a reaccionar ante graves situaciones que le toca vivir y ejercer su libertad de expresión, buscando que las autoridades actúen como corresponde y escuchen sus peticiones, adecuadamente.
En el Protocolo nadie se hace cargo de la responsabilidad institucional que hay cuando se forman piquetes o manifestaciones; por ejemplo, en situaciones en las que ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial han cumplido adecuadamente, en tiempo propio, su función. ¿Qué se hace en un país en el que cualquier juicio, particularmente contra el Estado, puede llevar de 6 a 9 años, para que haya una sentencia que se puede ejecutar y siempre que el Estado quiera cumplirla? Piénsese, por ejemplo, en las situaciones de demora que viven los jubilados en sus reclamos. Muchas veces a los que se presentan como culpables de un inconveniente de congestión de tránsito, son más las víctimas que responsables de la situación, ante gobiernos y jueces ineficientes. Y ahora, a esas víctimas se las usa como excusa para dictar el Protocolo, porque, para buscar ser escuchados en sus graves problemas, ante la impotencia de no tener caminos institucionales aptos para sus reclamos, peticionaron y se expresaron cortando una calle.
Condicionamiento al periodismo
Profundizando lo antes referido, en lo que hace al ejercicio de la profesión periodística, propiamente dicha, el Capítulo III del Protocolo dice: “La participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento”.
En dicha disposición, se habla de protección física del periodista, pero en realidad pone en manos del policía a cargo del operativo “determinar” donde la gente de prensa debe estar y se deja entrever que, de otra manera, se podría interferir en el procedimiento.
Además, la protesta social no debe presentarse como un frente de guerra, en el que se debe proteger al periodismo de “enemigos peligrosos”, porque estamos, en general, ante personas (mujeres, niños y hombres), que ejercen derechos, no ante ejércitos que invaden el país ni frente a delincuentes de peligro.
En una manifestación pública el periodismo cumple el deber de brindar información y se debe rechazar firmemente que sea condicionado por la policía y menos ser sometido a un corralito desde donde se le permite cubrir la noticia, con el pretexto de garantizarle su integridad física.
El deber de los periodistas es transparentar todo lo que pasa y tienen la representación implícita de la sociedad para ello. El Estado no le hace ningún favor al periodismo dejándolo actuar, por el contrario, es una obligación del Estado garantizar que los periodistas puedan trabajar libremente para cumplir su papel de interés social esencial. En esto, hay que reparar, por ejemplo, que el asesinato de los dirigentes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán -también conocido como masacre de Avellaneda- en junio de 2002, hubiera quedado impune, si un fotógrafo no hubiera estado en el momento del accionar ilegal de la policía y lo registrara.
Nunca podría incriminarse, de manera alguna, al periodista que estuviera cumpliendo su tarea, en un lugar diferente del determinado por la policía.
En lo que hace a los peligros que asume el periodismo, ello debe quedar en manos de la profesionalidad y prudencia del hombre o mujer de prensa.
Riesgos que se hacen correr al periodismo
Mientras tanto, el Protocolo no fija que las fuerzas de seguridad actuantes tengan puesto sus uniformes o una identificación clara y visible en su accionar. Y, en el Capítulo V del Protocolo se dispone, que “En la medida de las posibilidades, se procederá a la filmación (video y audio) y fotografía de los operativos, para el caso de ser requeridas posteriormente por la Justicia, o permitan evaluar el desempeño del personal interviniente”.
No hace falta tener demasiada imaginación, para darse cuenta de que el objetivo policial o de los servicios de inteligencia que actúan, filmando y fotografiando la situación de conflicto social, hacen poner en riesgo real al periodismo que cubre el hecho, si no queda claro que todas la fuerzas estatales actuantes están con uniforme o identificados para filmar o fotografiar. De lo contrario, se pone en peligro a la integridad física de los periodistas en general, que pueden ser víctimas de ataques, como ha sucedido muchas veces, cuando se los confunde como integrantes de fuerzas de seguridad. Además, hay que señalar que, por definición, la prensa no cumple, ni debe cumplir, tareas de inteligencia o policial.
El Protocolo tiene muchos aspectos que vulneran la libertad de expresión que es un derecho humano de protección preferente y de interés público imperativo.
Por el momento, las provincias de Misiones, Neuquén, Chaco, Santa Cruz y La Rioja anunciaron que no adherirán al protocolo antipiquetes, que quiere implementar el gobierno de Mauricio Macri.
Fuente: La Mañana de Córdoba
Nuestra Opinión
Toda fuerza de seguridad, está obligada a actuar de oficio ante a comisión de un delito. En su caso, el Fiscal o Juez Penal de Turno, también.
Aún cuando estamos de acuerdo con la nota del Dr. Rodríguez Villafañe, debemos decir que existen formas en las que se puede encontrar un equilibrio, sin necesidad de represión y batallas campales; y sin abrir la puerta a más arbitrariedad y excesos por parte del Estado. Habría que preguntarse ¿por qué no se encuentran?.
La respuesta debe encontrarse en los intereses económicos y en las ideologías que se enfrentan en cada movilización popular y piquete; que es la verdadera lectura que debemos hacer en cada caso, desprendiéndonos de las apreciaciones personales, estemos de un lado o del otro.
Las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial, tienen herramientas idóneas para actuar objetivamente, buscando proteger tanto la libertad de expresión, cuanto la paz social y la libertad de los que no forman parte de la movilización o piquete. Y ello depende de la educación política de los funcionarios del Estado, que deben estar siempre dispuestos a defender derechos y no dejarse utilizar por intereses económicos o políticos.
¿Como?
Simplemente buscando y practicando la equidad: "Uds. manifiesten su disconformidad; pero no molesten a los demás. Están notificados". Una frase simple pero contundente. Notificada a tiempo y con un verdadero 'protocolo' enseñado prudentemente a la autoridad, tanto de un lado como de otro de la protesta, las reglas se presentan claras y sin dudas. Trasgredida la línea, recién allí se utiliza la fuerza. No habrá lugar a discusiones, tiros, heridos y muertos.
Pero una solución tan simple como esta, no se toma por alguna razón. ¿Cual?
Por: Ferreyra Viramonte Luis Fernando
lffv@yahoo.com.ar
