AVANCE NARCO Y PENALIDADES DESPENALIZADAS
Si el gobierno pensó en algún momento utilizar el proyecto de reformas al Código Penal como un útil distractivo, acosado por innumerables problemas, se equivocó. No sólo no logró encubrir los otros contratiempos, sino que además, su jugada le generó un problema mucho mayor. La política oficial de apelar a los globos de ensayo, no parece acobardarlo. En medio de de estos desbarajustes institucionales, el ministro de Economía ofendió el entendimiento de la ciudadanía afirmando que aquello que se entiende como problemas, no son tales sino que se trata de desafíos. La impertinencia al poder.
Fuente: La Revista del Foro
Afirmar que se trata sólo de un borrador, siendo que la presidente exhibió ante la televisión un trabajo bien encuadernado producto del trabajo de unos pocos, donde se eludió el debate amplio y profundo que la cuestión amerita, sorprende sobremanera. Y esto no es casual ni inédito en tanto obedece a las reglas habituales de alejarse de la sociedad y armar normas a la medida de los intereses gubernamentales, las que desde el vamos enfilarán hasta su promulgación gracias a la aprobación a libro cerrado desde la escribanía que funciona en las bancas del Congreso. Recordemos que el proyecto de la polémica Ley de Medios viajó por todo el país con sus mentores vociferando en la búsqueda de consenso. ¿Es acaso el Código Penal menos trascendente?
Un gravísimo asunto que sacude al país y que no viene de ahora sino de antaño, pero que crece alarmantemente favorecido por la lenidad de los organismos encargados de reprimirlo y la facilidad que encuentra para expandirse por una evidente inacción, es el narcotráfico. Suena patético observar cómo en el riñón del poder, se entrecruzan opiniones contradictorias, desde las que intentan interpretar el real peligro que se cierne sobre los argentinos, hasta aquellos que con toda irresponsabilidad minimizan el cuadro de situación.
Desde los funcionarios que admiten que Argentina ya es un territorio de asentamiento de cocinas de elaboración creciente, hasta quienes apenas horas después lo desmienten. Desde las voces que reclaman mayor control, hasta las que relativizan la necesidad de redoblar energía y atención para librar a los cielos de nuestra patria de los vuelos de la muerte que, a diferencia de aquellos practicados por la dictadura, traspasan nuestros radares portando cuanto tipo de estupefacientes ofrece el mercado más lucrativo del mundo. El magistrado francés Jean de Maillard, reveló que el comercio y tráfico de drogas permiten a las bandas criminales hacerse de unos 400 mil a 500 mil millones de dólares anuales, un 8 % del total del comercio mundial. Pero las organizaciones controlan otros negocios ilícitos que elevan aquella cifra a 800 mil millones del verde billete. ¿Ignora el gobierno argentino la existencia de infinidad de pistas clandestinas en nuestro territorio?
No fue un simple olvido que la presidente haya eludido referirse a este flagelo en su mensaje anual ante las cámaras del Congreso. El deliberado ocultamiento que se ha hecho de una cuestión tan sensible encontró una hábil intérprete en la interminable pieza oratoria. Un especie de “operación alfombra” que impactó no tanto por lo que se dijo sino por aquello que se omitió.
Los dichos del secretario de Seguridad, Sergio Berni, citando que desde 2006 el consumo bajó considerablemente, no fueron nada felices y hasta se mencionó que el país posee los niveles más bajos de la región. Si consideramos los datos altamente alarmantes conocidos recientemente de boca del propio ministro de Defensa, Agustín Rossi, piénsese entonces cuan tremenda habrá sido la realidad 8 años atrás cuando –según Berni– comenzó a decrecer. La Iglesia Católica primero y luego la Corte Suprema, han coincidido en definir con crudeza la actual situación que podría convertir a nuestro país en una versión de Méjico o Colombia. Cristina Fernández no debió soslayar semejante riesgo ante el cual todos los resortes del Estado deberían concurrir en una lucha frontal.
Si algo caracteriza la gestión kirchnerista cercana a cumplir su décimo primer año, es la permanente contradicción –incluso arremetiendo contra su propio relato– advertida en el discurso de varios funcionarios que no aciertan a diseñar un mensaje coherente. Un detalle muy revelador: el haber mantenido al organismo dedicado a la prevención y lucha contra esta calamidad (Sedronar) acéfalo durante casi 9 meses, es una referencia incontrastable de la desidia imperante.
La destemplada reacción de nuestro Canciller ante las críticas de los Estados Unidos por el avance de la droga en Argentina, no es un elemento menor para entender la fragilidad de sus argumentos, porque el alto consumo del país del norte no exime a la Casa Rosada de adoptar una política de Estado ni convierte en mendaces los datos locales. Si, como dijo Héctor Tímerman, el principal problema de EE.UU. es el narcotráfico, ello no invalida la existencia del fenómeno entre nosotros.
Asimismo es lamentable observar cómo se hace la vista gorda frente a esa antesala de la droga que es el alcoholismo en el que caen ambos sexos ya antes de ingresar en la adolescencia. Los crímenes que conmocionan a la sociedad, emergentes de vendettas, ajustes de cuentas y pujas por el dominio de zonas de distribución, con un claro protagonismo de los sicarios, modifican fuertemente el mapa del delito. Qué decir de las denuncias cotidianas de vecinos que indican en dónde se vende droga bajo sutiles fachadas de rubros legales y que las fuerzas policiales desestiman. Cuando una fiscal se apresura a calificar como “crimen pasional” al homicidio de un sicario que arribó del extranjero con un pesado prontuario, antes de que las pericias e investigaciones den un informe preciso, queda claro que existen señales destinadas a frustrar cualquier versión o elemento que desnude una cartelización nunca imaginada en estas tierras del Cono Sur.
El primer paso en toda batalla pasa por la admisión del problema. “El narcotráfico está afectando el estado de derecho”, ha dicho el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. “La droga está en la calle y los pibes se falopean”, le agregó Juan Carlos Molina, titular de Sedronar.
Si algo faltaba para coronar el cada vez más visible compromiso entre ciertos pliegues del poder político con la delincuencia y puntualmente el narcotráfico, se evidencia en el proyecto de reformas al actual Código Penal, que rige desde 1921 y que desde entonces ha recibido 878 modificaciones. No cometeremos la torpeza de inmiscuirnos en una cuestión sobre la que somos profanos, pero son demasiadas las voces que están lanzando severas críticas y que avizoran un futuro peligroso. Con todo respeto hacia los miembros de la comisión redactora, a juzgar por determinados contenidos parecería que en vez de abrir el juego a otras innumerables mentes lúcidas del país en la materia, se consultó a un presunto Foro Argentino de la Delincuencia.
Si tantas personas señalan los aspectos negativos de lo que se cataloga como borrador y que parece ser ya el proyecto elaborado por un puñado de personas que hallará apoyo automático en la escribanía K del Congreso, es porque alguien entregó copias fieles. De allí que insólitamente surjan voces que niegan lo que el texto expresa, a pesar de que se hacen públicas consideraciones críticas sobre puntos muy concretos.
Seríamos necios si no admitiéramos que se dan cambios muy necesarios en un marco de aggiornamiento que hace mucho se reclama. Pero cuando se advierte reducción de penas en delitos muy graves, incluso en ítems que más parecen encaminados a blindar a los funcionarios imputados por corrupción, amén de cumplimiento domiciliario en ciertas instancias y eliminación de la reincidencia, que deja, por ejemplo, a los violadores en condición de seguir cometiendo sus aberrantes actos como si fuese por primera vez, la sociedad se inquieta y las luces de alarma se encienden. Es que esto aparece cuando la inseguridad con resultado de muerte alcanza índices jamás registrados.
El abolicionismo tan proclamado principalmente por un ministro de la Corte, tiene aspectos que llevan a que el ciudadano decente y honesto deba exponer un sentimiento de culpa ante la victimización del que delinque. Carolina Píparo, la mujer baleada a la salida de un banco y que si bien sobrevivió perdió el bebé que llevaba en su vientre, lo definió con una tremenda claridad en un alegato aniquilador. “Si el delincuente es una víctima ¿yo qué soy?, señaló, en un juicio que seguramente compartieron millones de personas que a diario sufren un estado de hondo temor ante la posible pérdida de bienes y de la propia vida.
¿Podrían las líneas oficialistas, tan acostumbradas a disciplinarse detrás del relato cristinista, haber imaginado en sus cálculos la probabilidad de un traspié en el camino a la sanción de una norma tan peculiar que apenas conocida comenzó a dividir a la sociedad?
¿Con qué cara enfrentará Cristina Fernández la mirada de Susana Trimarco, la madre de Marita Verón? ¿Y de los miles de familiares que hoy lloran sin consuelo la muerte de seres queridos a manos de la delincuencia o la caída de sus hijos en esa vía directa hacia la muerte que es la droga?
Un gobierno que empieza a preparar su equipaje, no puede embarcarse en una reforma del Código Penal sin un estudio amplio y pluralista que reúna a todos los estamentos con la suficiente capacidad e idoneidad para lograr un instrumento para por lo menos 50 años. Salvo –como decíamos– que se busque utilizar esta cuestión como un factor de desvío de la atención pública en medio de las graves situaciones por las que atraviesa el país. Pero no será así porque no sólo no pudo maquillar los problemas existentes sino que transformó su objetivo en un intríngulis aún mayor que llevará a dar marcha atrás para una revisión profunda.
Muchos interrogantes se encolumnan ante este intento del kirchnerismo. ¿Las reformas pretendidas evitarán que un juez de la nación sea descaradamente funcional a los intereses del poder político? ¿Que deliberadamente demore seis años una causa por soborno y sobresea a los imputados no obstante que la propia empresa haya admitido el pago de coimas? ¿Que se ordene la suspensión de un allanamiento por pedido del gobierno? ¿Que se maneje una causa que involucra a una Fundación de Madres y cómplices varios con la intención de eximirlos de responsabilidad en una multimillonaria suma, jugando al Pito Catalán? ¿Que tardó meses en procesar a un alto funcionario del área de Salud, recaudador de la campaña proselitista presidencial, en sociedad con proveedores de medicamentos truchos, mientras como cortina hacía detener a terceros arbitrariamente?
Un magistrado que carga con unos veinte pedidos de enjuiciamiento sin despertar el abocamiento del Consejo de la Magistratura, ¿no es sospechoso si se habla de que el Poder Ejecutivo se encargó de neutralizarlo? Y además, ¿que en el seno de este órgano judicial sectores kirchneristas admitan públicamente que se tiene en la mira a los jueces no adictos? ¿Cómo aceptar que se mezclen tan impunemente los poderes, lesionando sin pudor el sistema republicano?¿No sería bueno que el nuevo Código Penal prevea normas que eviten semejantes atropellos a la institucionalidad?
El ser legos fue precisamente el motor que nos movió a acopiar diversas publicaciones donde juristas, dirigencia opositora y periodistas analizan tramos textuales de la parte sustancial de las modificaciones y/o agregados en marcha que no permiten una doble interpretación. Y ellos dan cuenta de propósitos difíciles de admitir. Si se piensa que las penas no son conducentes ni resocializan y que a los delincuentes deberemos mirarlos con rostro avergonzado pidiéndoles disculpas, estaremos frente a un gravísimo problema que la sociedad argentina no se merece. Hay que llamar seriamente la atención: si las futuras leyes no harán justicia, ésta provendrá de la propia mano de las víctimas. Y eso sería tan absurdo y equivocado como la anterior posibilidad. Las llamas y las brazas son sólo dos formas de quemarse en la hoguera de la peor insensatez. Si miramos de reojo al narcotráfico y apostamos a un Código Penal despenalizador, que Dios nos proteja.
Fuente: La Revista del Foro